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Clausura de la planta Atanor en San Nicolás

Todo comenzó en 2007 cuando los delegados gremiales de la productora química denunciaron episodios de contaminación a través de accidentes como fuga de gases, derrame de líquidos y descarte de desechos sin tratamiento previo, que atentaban contra la salud de los obreros.

Ante esta situación los directivos de la compañía tomaron la decisión de generar una contraofensiva jurídica y denunciaron a un representante sindical por calumnias e injurias. En esta causa el gremialista resultó absuelto en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia.
La planta de Atanor estaba ubicada frente al barrio Química. El relevamiento que realizaron vecinos y organizaciones ambientalistas muestra que era la farmacia que más medicamentos oncológicos vendia de toda la ciudad. Y que eran cientos las muertes por enfermedades relacionadas. A metros de las casas y los patios, en la planta no solo se trataban sino que también se enterraban productos cancerígenos. Según estudios de la Universidad Tecnológica Nacional y la fiscalía, son altamente contaminantes, peligrosos y explosivos.

En 2009 este último tribunal ordenó a la Cámara Penal de San Nicolás una investigación por el enterramiento irregular de residuos tóxicos en la planta que la compañía posee en esa ciudad. “A partir de allí y durante los tres años siguientes el expediente se cajoneó, no aparecía por ningún lado y, a pesar de los reclamos, las distintas reparticiones negaban su existencia”, narró el abogado Fabián Maggi, representante legal de la ONG Protección Ambiental del Río Paraná.

A pesar de que las autoridades como la PROFEPA y SEMARNAT aseguraban que todo estaba bien en San Nicolás en el año 2015 donde la cantidad de personas que padecían cáncer iba en aumento, el gobierno municipal presumía en anuncios en la cabecera municipal, que en San Nicolás se habian construido hornos ecológicos que disminuía considerablemente la contaminación y así cumplían con su parte.
Las autoridades miraban para otro lado mientras un desastre sanitario y ecológico yacía en esta localidad, el silencio de los medios de información, que solo respondían a intereses de los poderosos, sin dejar de mencionar la ignorancia e inconsciencia de quienes no querían ver en las ladrilleras una fuente de contaminación.

En Septiembre del 2016 el juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor poseía en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina , en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Por tal razón ordenó la clausura de las instalaciones por considerar que ponian en riesgo la salud pública y el ambiente.

La medida es el resultado de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 10 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

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