El rio Uruguay es un rio compartido entre Argentina y Uruguay. Los gobiernos de  ambos países están enfrentados por la construcción de dos plantas productoras de pasta de celulosa sobre la costa uruguaya de dicho rio, en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos (Uruguay) y frente a la ciudad de Gualeguaychú (Argentina).

Una de las plantas papeleras es  española: ENCE (Empresa Nacional de Celulosa de España); y la otra, es finlandesa: BOTNIA. Entre las dos papeleras se invirtieron en el Uruguay cerca de 2.000 millones de dólares, quizás la mayor inversión extranjera hecha en el país vecino.

Respecto del Rio Uruguay y su utilización rige el Estatuto del Rio Uruguay del año 1975. Su objetivo principal es asegurar la calidad de las aguas de este río compartido por ambos países. Conforme el Estatuto, cuando alguno de los países proyecta realizar alguna obra que pueda afectar la navegación, el régimen fluvial o la calidad de las aguas debe hacérselo saber otro país y a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay: entidad binacional responsable de la administración de Río Uruguay) para comenzar consultas entre ambos países. Por lo general, el país notificado suele aceptar lo que se le comunica y el otro país puede realizar la obra proyectada. En caso de no existir acuerdo, corresponde a los gobiernos solucionar el problema y el Estatuto prevé negociaciones directas durante 180 días. Si vence este plazo y continúan las diferencias, cualquiera de las partes puede acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya (Principal órgano judicial de las Naciones Unidas).

Conflicto

Al autorizar la construcción de las papeleras, la República Oriental del Uruguay violó el tratado bilateral con la Argentina, en tres oportunidades.

Primer incumplimiento.- En el año 2002, llegan a Argentina comentarios de que se iba a instalar un planta de producción de celulosa (papelera) sobre la costa del Río Uruguay cerca de la localidad uruguaya de Fray Bentos y frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. En consecuencia, nuestro país solicitó –en la CARU-que el Uruguay brindase informes sobre dicha obra y que suministrase una Evaluación de Impacto Ambiental  de la misma. Esta fue la primera violación por el Uruguay al Estatuto 1975, al no comunicarlo a la CARU y al no iniciar las consultas con la Argentina.

Segundo incumplimiento.-   En febrero del 2005, Uruguay viola nuevamente el Estatuto del Río Uruguay, al autorizar la construcción de una segunda planta (la empresa finlandesa BOTNIA), con el doble de capacidad de producción que la anterior, y por consiguiente con mayor posibilidad de contaminación e impacto ambiental.

La argentina puntualizo que lo que estaba en discusión no era la soberanía del Uruguay sino los efectos ambientales transfronterizos de las plantas proyectadas.

Tercer incumplimiento.- Se agrava la situación cuando Uruguay autoriza unilateralmente la construcción de un puerto conexo a la planta Botnia, para que desarrolle sus operaciones. La Argentina solicito ante la CARU la suspensión de estas obras y la inmediata puesta en práctica del mecanismo de consultas e información previa, pedido que fue rechazado por el Uruguay.

Argentina hizo su presentación ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pidiendo:

-una medida cautelar que suspenda las construcciones  de las pasteras por 3 meses hasta que se realice un estudio ambiental que determine si ellas pueden causar daño irreversible.-

– determinar si Uruguay  violo el Estatuto del Río de la Plata.-

La Corte no hizo lugar a la medida cautelar pedida por Argentina (considerando que no se demostró que la construcción de las plantas cause un daño irreparable al medioambiente o que exista amenaza actual)y con respecto a la cuestión de fondo (la violación de Uruguay al Estatuto por no informar en tiempo y forma sobre las inversiones destinadas a la construcción e instalación de esas plantas químicas que pueden tener consecuencias negativas sobre el rio compartido) la resolución llego en abril 2010, donde la Corte Internacional de Justicia fallo a favor de Uruguay ya que reconoció que si bien se había violado el Tratado del Río…por autorizar la construcción de las pasteras sin acordarlo previamente con Argentina, lo considero una violación a una obligación protocolar y estimo que no hubo incumplimiento de obligaciones de fondo. Considero además  no hay motivos para ordenar el cese del funcionamiento de la planta Botnia ya que no se pudo demostrar que la planta efectivamente  contamina.

Seis años después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el monitoreo conjunto que realizaron la Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia), ubicada en Fray Bentos, reveló que la planta contaminó el río Uruguay.
El Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que el río Gualeguaychú, a la altura de la ciudad homónima, está excedido en “aluminio, hierro, amonio y berilio” y que ese dato surge “en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados” en esa cuenca por el organismo que tiene representación argentina y uruguaya.

Conclusión

Indudablemente, Uruguay  contempla el problema desde el punto de vista de su soberanía y considera que en su territorio tiene derecho a hacer lo que quiera. Argentina, en cambio, contempla el problema desde el punto de vista ambiental: Uruguay en su territorio puede hacer lo quiera pero siempre que no contamine ni perjudique nuestro territorio.-

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