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El principio de legalidad en el derecho aduanero

En el ámbito penal el principio de legalidad exige que los tipos penales describan precisamente la conducta punible. Es como un juego de rompecabezas, cada pieza debe calzar exactamente. De no  ser así, o bien resultar insuficientes o excesivas, la figura no podrá ser descripta.

El principio de legalidad, se encontraba establecido en el artículo 188° de la Ley General de Aduanas en los siguientes términos: “Para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, debe estar previsto en la forma que establecen las leyes, previamente a su realización. No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma”.

En el artículo 18 de la constitución nacional “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”

En el pacto de San José de Costa Rica en el articulo 9 compartido con la parte de retroactividad “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”

Infracciones aduaneras

Infracción en el ámbito aduanero es sinónimo de contravención. Es importante no confundir estas figuras que aparecen en la Sección XII con otro tipo de faltas disciplinarias y que son hechos considerados graves por la Aduana o actos de inconducta reiterada que pueden llegar a cometer los importadores, los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero, sancionados con apercibimientos (que es la sanción más leve), suspensiones o hasta la eliminación del registro respectivo. Las infracciones aduaneras están penadas, en cambio, con penas de multa y a veces también con penas de decomiso de mercaderías, medio de transporte, etc.

Principios generales

Este principio general (principio de legalidad)  tiene sustento en la Constitución, en las leyes y en el Código Aduanero.

El artículo 894 dice que son infracciones los actos u omisiones que están contemplados en el Código Aduanero, es decir en la ley. Este principio del artículo 894 es la consagración a nivel aduanero del  principio “no hay delito o no hay infracción sin ley previa”. Pero este principio, puede ser reformulado,  en “está permitido hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por el Estado mediante una ley que, con anterioridad al hecho, describa típicamente la conducta delictiva o infraccional y especifique sus sanciones”.

En el año1998 se conoció al primer administrador federal de ingresos públicos (AFIP), organismo creado en esa misma época, y una de las medidas que tomó esta persona fue crear un catalogo de infracciones a través de un reglamento administrativo, de una resolución de la AFIP, que apuntaba a sancionar ciertos actos de inconducta que podían ocurrir en la zona franca del país. Estas infracciones fueron creadas a través de un reglamento administrativo y no por una ley del congreso, Los usuarios de la zona franca se alzaron contra el reglamento y presentaron una acción de amparo y la cámara hizo lugar al amparo, revocando el anexo 4 de la resolución 270/98 y declarando inconstitucionales todas las figuras infracciónales creadas por la AFIP. Pero lo hizo con fundamentos equivocados, lo hizo considerando que la ley de zonas francas no había delegado en la AFIP la facultad de crear infracciones o penar ciertas conductas. No solo esto es equivoco, sino que es inconstitucional a los artículos 18 y 76 de la constitución nacional en el cual se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

A modo de cierre quienes participan activamente en el comercio exterior argentino conocen su dinamismo y complejidad, sobre todo al momento de planificar cada operación y luego ejecutarla, pero también para transmitir los elevados perjuicios y costos que cualquier desvío puede tener en el resultado final. Por eso es imprescindible conocer cuáles son las sanciones que la legislación prevé ante las  infracciones más comunes. La norma y la transgresión han sido dos aspectos en el comportamiento de las sociedades humanas, que existen paralelamente. La norma se hizo y a la vez nació la transgresión, de otra forma no podría ser norma. Esto es muy importante a la hora de conocer lo referente a las infracciones que son “Emanadas” de algunas aduanas, y que no se encuentran contempladas en la norma (ley).

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